MIAMI — Florida has charged former Cuban leader Raúl Castro with conspiracy to commit first-degree murder in the 1996 shootdown of two Brothers to the Rescue planes. The attack killed four men from Miami over international waters.
Attorney General James Uthmeier announced the state arrest warrant Monday at Florida International University. The Office of Statewide Prosecution and the Florida Department of Law Enforcement secured the warrant. It carries a single first-degree felony count, and the court ordered no bond. Officials said the case remains active and more charges are possible.
"For over 30 years, government officials did nothing," Uthmeier said. "They sat by and they did not enforce the rule of law."
The state case runs alongside a federal one. In May, a federal grand jury in Miami returned a superseding indictment charging Castro and five others with conspiracy to kill U.S. nationals, destruction of aircraft and four counts of murder. U.S. Attorney Jason A. Reding Quiñones called the two cases parallel prosecutions.
What happened on February 24, 1996
Three unarmed Cessnas left Opa-locka Airport that Saturday. Brothers to the Rescue flew the Florida Straits searching for Cuban rafters in distress. Cuban MiG fighters fired air-to-air missiles at two of the planes over international waters and destroyed both. The third plane made it home.
Four men were killed:
Armando Alejandre Jr.
Carlos Costa
Mario de la Peña
Pablo Morales
Three were U.S. citizens. Morales was a U.S. legal permanent resident.
According to the state's affidavit, the planes were flying away from Cuba and received no warning, even though they were in contact with Havana air traffic control. The affidavit alleges Castro, then Cuba's defense minister and first vice president, was a final decision-maker in the chain of command that authorized the attack. It quotes him as giving senior commanders standing orders to "shoot them down at sea when they show up." Prosecutors allege Cuban intelligence agents operating in Miami-Dade and Monroe counties had infiltrated the group and passed along its flight plans.
Castro, now 95, has not been arrested and is presumed innocent. Florida does not expect to take him into custody soon, but Uthmeier said the warrant limits where he can travel, including where he can seek medical care.
Cuban President Miguel Díaz-Canel rejected the charges, saying they have "no legal or practical basis whatsoever," the Associated Press reported.
Why it matters on our shores
For Miami's Cuban American community, February 24 has never been history. It is a wound. The families of the four men have spent three decades asking why no one was held to account.
Two governments, state and federal, now say the same thing on the record: the order came from the top. Whether Castro ever sees a courtroom is uncertain. But the warrant makes it harder for him to leave Cuba, and it puts a name to the order, which the families have waited 30 years to hear.
Florida acusa a Raúl Castro de conspiración para asesinato por el derribo de Hermanos al Rescate en 1996
Una orden de arresto estatal se suma a la acusación federal de mayo. Treinta años después, cuatro familias de Miami siguen esperando justicia.
MIAMI — Florida acusó al exgobernante cubano Raúl Castro de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate. El ataque mató a cuatro hombres de Miami sobre aguas internacionales.
El fiscal general James Uthmeier anunció la orden de arresto estatal el lunes en la Universidad Internacional de la Florida (FIU). La Oficina de Fiscalía Estatal y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de la Florida (FDLE) obtuvieron la orden. Esta incluye un solo cargo de delito grave de primer grado, y el tribunal ordenó que no haya fianza. Las autoridades dijeron que el caso sigue abierto y que podría haber más cargos.
"Durante más de 30 años, los funcionarios del gobierno no hicieron nada", dijo Uthmeier. "Se quedaron de brazos cruzados y no hicieron cumplir la ley".
El caso estatal avanza en paralelo con uno federal. En mayo, un gran jurado federal en Miami emitió una acusación formal ampliada contra Castro y otras cinco personas por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones describió ambos casos como procesos paralelos.
Lo que ocurrió el 24 de febrero de 1996
Tres avionetas Cessna desarmadas despegaron del aeropuerto de Opa-locka. Hermanos al Rescate sobrevolaba el Estrecho de la Florida en busca de balseros cubanos en peligro. Cazas MiG cubanos dispararon misiles aire-aire contra dos de las avionetas sobre aguas internacionales y las destruyeron. La tercera logró regresar.
Murieron cuatro hombres: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses; Morales era residente permanente legal.
Según la declaración jurada del estado, las avionetas se alejaban de Cuba y no recibieron advertencia alguna, a pesar de estar en contacto con la torre de control de La Habana. El documento sostiene que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas y primer vicepresidente, fue quien tomó la decisión final en la cadena de mando que autorizó el ataque, y que dio a sus comandantes la orden permanente de derribarlas en el mar cuando aparecieran. La fiscalía alega que agentes de inteligencia cubanos en los condados de Miami-Dade y Monroe se infiltraron en el grupo y transmitieron sus planes de vuelo.
Castro, de 95 años, no ha sido arrestado y se presume inocente. Florida no espera detenerlo pronto, pero Uthmeier dijo que la orden limita adónde puede viajar, incluso para recibir atención médica.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó los cargos y dijo que no tienen "ninguna base legal ni práctica", según informó la Associated Press.
Por qué importa en nuestras costas
Para la comunidad cubanoamericana de Miami, el 24 de febrero nunca ha sido solo historia. Es una herida abierta. Las familias de los cuatro hombres llevan tres décadas preguntando por qué nadie rindió cuentas.
Ahora dos gobiernos, el estatal y el federal, dicen lo mismo públicamente: la orden vino desde arriba. No se sabe si Castro llegará algún día a un tribunal. Pero la orden de arresto le hace más difícil salir de Cuba y pone nombre a la orden, algo que las familias han esperado 30 años para escuchar.
Sources / Fuentes: Florida Office of the Attorney General; U.S. Attorney's Office, Southern District of Florida (superseding indictment, May 20, 2026); WJXT News4Jax; WGCU; Associated Press via ABC7.